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Provincia ( 31/5/2018 )
RECHAZAN QUE LAS FFAA INTERVENGAN EN SEGURIDAD INTERIOR
La Comisión Provincial por la Memoria consideró que, de concretarse lo sugerido por Macri, "significaría una reforma regresiva en materia de seguridad y derechos humanos".

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Estado habilite la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en cuestiones de seguridad interior, violando las leyes de defensa nacional y seguridad interior. Esta idea fue expresada públicamente por el presidente Mauricio Macri durante la celebración por el día del Ejército Argentino. "Sus declaraciones simplificadoras y sin sustento empírico alguno  desconocen los marcos institucionales  que regulan la intervención de las FFAA y que constituyen una conquista de la democracia argentina", sostuvieron desde la Comisión.

Los rumores sobre una posible derogación del decreto 727/2006 de los últimos días se cristalizaron en el discurso de Macri durante la celebración del Día del Ejército. "Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la cooperación con otras áreas del Estado, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales", señaló en el acto.

"Frente a esta declaración, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su preocupación y rechazo por lo que significaría una reforma regresiva en materia de seguridad y derechos humanos. Una reforma, a su vez, que desconoce las luchas del pueblo argentino por imponer marcos institucionales al accionar de las FFAA desde el retorno de la democracia".

Según el organismo que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, "En la memoria del pueblo argentino la intervención de las FFAA en la seguridad interior está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, después de dos décadas de sucesivos golpes de Estado. La misma estuvo amparada en lo que se llamó la "Doctrina de la Seguridad Nacional", impuesta por  EEUU para todo el continente Latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distinto signo político trabajaron, en consonancia con el reclamo popular, para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional".

Por último, reclamó que "se respeten los marcos institucionales y se discutan políticas públicas que garanticen más derechos: como ya ha sido probado, la militarización del espacio público no ha solucionado los problemas de seguridad, sólo reproduce la violencia, producen graves violaciones de derechos humanos y debilitan la democracia".







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