UNA ESCUELA, BLANCO DE AMENAZAS DE BOMBA

Las sufrió la última semana la parroquial Fátima de Tortuguitas. Todas fueron falsas alarmas. Suspensión de clases y angustia.

La comunidad escolar de la escuela parroquial Nuestra Señora de Fátima, en Tortuguitas, tuvo una semana ingrata: salvo el miércoles que fue feriado, el resto de los días tuvo que soportar amenazas de bombas. Si bien es cierto que se presume que solo será una más de las tantas alarmas falsas de estos casos, igual las consecuencias comienzan a hacer mella en el ánimo de todos.

Es que más allá de la certeza previa que todo terminará en nada, las molestias se multiplican. La situación dispara un protocolo preventivo ante el cual hay que suspender clases, evacuar el edificio y llevar a alumnos y docentes a algún lugar seguro. Después, esperar que lleguen los expertos en explosivos para corroborar que no hay nada.

Para madres y padres significa alterar sus rutinas para salir corriendo a buscar a los chicos. Para los más pequeños, la angustia de convivir con una situación fuera delo normal. Se pierden muchas horas de clases y recursos del Estado.

Las llamadas llegaron a través del 911. La Policía actúa de oficio y ya recogió las declaraciones testimoniales de las autoridades escolares. Las investigaciones recayeron en las fiscalías 19 y 20 de Malvinas Argentinas.

«Las personas que realizan estas intimidaciones no son bromistas, son delincuentes y de eso se debe ocupar la Justicia. La institución actuará como querellante cuando desde la UFI nos comuniquen quién o quiénes cometieron los delitos. Esto es un atentado claramente contra la educación y repudiamos todo hecho delictivo«, explicaron desde la escuela a través de un comunicado dirigido a los padres.

Mientras tanto, la inquietud de la comunidad escolar se hace sentir. Como lo expresó una madre, entre tantas y también padres, que se comunicaron con Tiempo de Tortuguitas en estos días: “Queremos que se investigue y que se termine esto que perjudica a la educación de nuestros hijos y que nos hace vivir con angustia”.

Será tarea de la Justicia procurar dar con él o los responsables. Las amenazas de este tipo encuadran, según el código penal, en la figura de intimidación pública, un delito reprimido con penas de tres a seis años de prisión.

ANTECEDENTES

Ante las amenazas, la única que puede accionar es la Justicia. Cada denuncia da inicio a una investigación, que deben hacer las fiscalías intervinientes.

Desde el ámbito municipal es poco lo que se puede hacer, más allá de acompañar a las víctimas e impulsar el accionar de la Justicia. En Malvinas Argentinas hay algunos antecedentes. En octubre del año pasado, tras una seguidilla de amenazas a una escuela polvorinense que duró más de un mes, el intendente Nardini le pidió al ministro de Seguridad Ritondo «que se investigue y detecte de donde provienen los llamados, que asustan y cansan a todos«. También apeló a “la Dirección General de Escuela y Cultura de la Provincia para que juntos impulsemos esta investigación para luego tomar medidas«.

No fue el único intento. En mayo de este año, tras otra seguidilla en Villa de Mayo y Sourdeaux, el Concejo Deliberante elevó un pedido de informes para que Ritondo informe sobre el tema.

Desde Provincia solo hubo silencio.

Luis Melillo