NARDINI DECLARARÁ EN CAUSA POR CLIENTELISMO DE CAMBIEMOS
Investigan si punteros del anterior gobierno ofrecían subsidios para comprar votos. El intendente local había apuntado a Cariglino.
El fiscal Jorge Di Lello resolvió citar a declaración testimonial a tres intendentes bonaerenses, que en su momento habían visibilizado el reparto de subsidios a desocupados que manejaban operadores de Cambiemosa, en plena campaña previa a las elecciones de 2019. Una maniobra, que, de comprobarse, configura un caso de clientelismo político.
Los subsidios –unos 130 mil- estaban en la órbita del ministro de Producción Dante Sica. Eran para desocupados que no cobrasen ningún otro beneficio, por 5 mil pesos y por única vez. La Justicia investiga si los subsidios se utilizaban para reclutar fiscales o para compra de votos a favor de las listas de Cambiemos.
En Malvinas Argentinas, el intendente Leo Nardini, que por entonces iba por su reelección para su segundo mandato, había apuntado en entrevistas radiales a los manejos de Jesús Cariglino, que era el candidato de Juntos por el Cambio. Di Lello le tomará declaración, junto a su par de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, y al exintendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. Aunque aún no se fijaron las fechas en que comparecerán.
La causa comenzó por una investigación del diario Ámbito Financiero. Di Lello se encarga de la instrucción del sumario por orden de la jueza a cargo, María Servini. Además de Sica, el fiscal imputó también al exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, a raíz de la denuncia de un abogado formoseño respecto al pago de fiscales con el subsidio.
Según informó Ámbito Financiero, “El programa de bonos demandó un presupuesto de 650 millones de pesos. La serie de notas de Ámbito Financiero que lo expuso motivó que la jueza Servini ordenase suspender los pagos en noviembre, días antes de la elección general, y hasta después de concretarse los comicios. Lo hizo a pedido del Frente de Todos y por entender que su vigencia podría ser violatoria del artículo 139 del Código Electoral, que pena con prisión de uno a tres años a quien compeliere a una persona al voto en determinado sentido”.
Luis Melillo