Entre otros temas, se convalidó convenio con Provincia para pavimentar la calle Santiago de Liniers, en Tortuguitas. Repudios a la suba de tarifas y a decreto de Macri para las FFAA.

El Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas realizó ayer una nueva sesión ordinaria. El primer expediente tratado fue un proyecto de ordenanza generado en el bloque Cambiemos para crear la defensoría del pueblo en el distrito. Néstor Marcote -presidente de la bancada y autor de la iniciativa- pidió su pase a la comisión de Asuntos Jurídicos. Según explicó, lo hizo al enterarse que "el ejecutivo local tiene inquietudes de crear una institución similar". El pedido de Marcote tuvo apoyos del Frente Renovador, del oficialismo, y del bloque radical de Cambiemos.

El siguiente proyecto fue un expediente promovido por el FR, para pedir que se implemente una campaña para concientizar sobre la manipulación de tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo. Mario Gualmes, autor del proyecto, explicó sobre los peligros que implica el mercurio contenido en ellos. "Es un peligroso neurotóxico que afecta a la salud por eso hay que saber cómo manipular lámparas y tubos ante una rotura", señaló. Con apoyos del oficialismo y de Cambiemos, el expediente fua aprobado por amplia mayoría.

CRÍTICAS A LA SUBA DE LAS TARIFAS Y AL DECRETO DE LAS FFAA

Luego siguieron dos proyectos de resolución con críticas al gobierno nacional: uno, para repudiar los tarifazos en servicios públicos y el otro para hacer lo propio con el decreto que asigna tareas de seguridad interior a las Fuerzas Armadas.

Respecto a las tarifas de servicios, fue el presidente del bloque Unidad Ciudadana el encargado de cargar contra las políticas de Macri. "Son subas desmedidas para servicios que son indispensables a la gente... y encima anunciaron que los aumentos van a seguir, de esta manera el país marcha hacia la pobreza energética", aseguró el edil. "La gente no puede afrontar el pago, tienen que elegir entre pagar o comer y los comercios quiebran... este es un gobierno que beneficia a un sector en contra de las mayorías", definió. Su compañero de bancada, Ariel Fernández, criticó la quita de impuestos provinciales a las boletas de servicios: "Es injusto porque lo asumen la Provincia y los municipios, sin alterar la rentabilidad de las empresas".

La encargada de defender el proyecto contra el Decreto 683 fue Jimena de Lara, de Unidad Ciudadana. Para la edil, "esta medida nos retrotrae a las etapas más duras de nuestra historia".  Su compañero de bloque, Gerónimo Moyano, planteó que "quieren instalar un nuevo paradigma que legitime la represión y niegue el terrorismo de Estado".

El FR reclamó que sea el Congreso "el que dicte las normas para el funcionamiento de las Fuerzas" y coincidió que "son reminiscencias del pasado más oscuro", tal como expresó su presidente de bloque.

La radical Sandra Río defendió la posición del gobierno nacional. Afirmó que el decreto "no involucra a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, solo darán apoyo logístico en zonas de frontera". También se opuso al repudio Marcote, quien señaló que la decisión se tomó para "asegurar la defensa nacional".

Ambos proyectos fueron aprobados.

DECLARACIONES

Enseguida vino un segmento de proyectos de declaración con origen en bloques de distinto signo.

El primero, impulsado por la radical Sandra Río, pedía declarar de interés del cuerpo el tratamiento del proyecto de ley de extinción de dominio y repartición de los bienes que pueden tener un origen ilícito. "No podemos estar ajenos a un proyecto tan importante", dijo la concejala y pidió su "urgente tratamiento".

Tuvo el apoyo del massismo, cuyo bloque impulsó el proyecto en Diputados ("no podemos estar ajenos a un proyecto tan importante", sostuvo Gualmes) y del bloque Cambiemos de Marcote ("Es sinónimo de transparencia", acotó).

Pero el oficialismo negó su apoyo. Ariel Fernández, de Unidad Ciudadana, explicó los puntos débiles de la iniciativa, basándose en la opinión del jurista León Arslanián: "atenta contra el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que lo convierte en inconstitucional". "Lo quieren para la persecución política", concluyó.

En la misma línea, Ferrau lo comparó con la "Conarepa", la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial pergeñada por la dictadura procesista, que confiscó bienes de los funcionarios del derrocado gobierno de Isabel Perón. Karina Pavón completó la posición por la negativa al recordar que "la Justicia ya tiene leyes que le permiten hacer las herramientas para hacer lo que este proyecto pide".  El proyecto fue enviado al archivo.

El resto de esta serie fueron aprobados: uno, para repudiar el decreto que bajó asignaciones familiares en Patagonia y algunas zonas del Norte (que, según se estima, dejó afuera a unos 100 mil niños); otro, para apoyar el proyecto de ley que propicia la suspensión de sentencias judiciales por deudas contra Pymes; y un tercero para declarar el beneplácito por la restitución del Nieto 128, apropiado por la dictadura procesista.

Los tres fueron aprobados con apoyo de todos los bloques.

CONVENIOS

En el segmento final de la sesión se convalidaron dos convenios. Uno de ellos, firmado entre el municipio malvinense y la firma Libertate, para brindar talleres de capacitación a emprendedores con discapacidades y a emprendimientos de emprendedores con discapacidades.

Este convenio fue destacado especialmente por la concejala Sol Jiménez, quien se dirigió a una delegación de la dirección de Discapacidad municipal, presente para presenciar su aprobación. "Esto es implementar políticas públicas que acompañan las necesidades de los vecinos", explicó Jiménez y reseñó las iniciativas de la Gestión Nardini en el área. Entre ellas, la construcción de una nueva sede, en Grand Bourg. Al pasar, la concejala recordó que en la Gestión Cariglino la sede era "un lugar oscuro con escaleras que le complicaban el acceso a los discapacitados".

El otro expediente aprobado fue un convenio entre el municipio y el ministerio de Infraestructura provincial para la pavimentación de la calle Santiago de Liniers, en el barrio El Chelito de Tortuguitas. El pavimento se hará entre la Ruta 8 y la calle Lisandro de la Torre y la inversión será de unos 7 millones de pesos.

Ambos expedientes fueron aprobados por unanimidad.

Luis Melillo

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