El Juez de Garantías Oyanarte dio lugar al pedido de la fiscalía, pero negó la asociación ilícita
ELEVAN A JUICIO ORAL LA CAUSA QUE INVOLUCRA AL INTENDENTE CARIGLINO Y AL SECRETARIO HARARI
El juez Lucas Marcelo Oyanarte, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de San Martín, decidió dar curso favorable al pedido del fiscal Hernán Ledesma respecto a la elevación a juicio oral de la causa que involucra al intendente Jesús Cariglino, al secretario de gobierno Miguel Harari y a una serie de funcionarios y allegados al poder cariglinista. Una causa que comenzó en el año 1998 con la denuncia del empresario Pascual Rombolá, quien reclamaba el cobro de unos asfaltos realizados bajo la operatoria de la denominada Unidad Generadora de Empleo. En el año 2003 la causa cobró notoriedad cuando, luego de un megaoperativo judicial, fueron detenidos Cariglino y Harari, que permanecieron en esa condición durante 14 días. El fiscal Ledesma solicitó la elevación a juicio oral y la detención de Cariglino y Harari en septiembre de 2004.
Para fundamentar su decisión, Oyanarte reconoció como probados 29 de los 32 hechos por los cuales el fiscal acusa al jefe comunal y al resto del grupo de imputados. Entre los tres hechos que el magistrado considera no probados figura un tema crucial, la acusación por asociación ilícita. Si el criterio del juez hubiera coincidido en ese punto con el del fiscal Ledesma, el jefe comunal y su segundo Harari habrían resultado detenidos.
La decisión de Oyanarte de elevar la causa a juicio oral fue conocida el pasado jueves 23 de marzo, sobre el filo de la pausa impuesta por el feriado del viernes 24. El escrito del juez cuenta con 528 fojas. Por lo extenso del documento, un asistente leyó sólo la parte resolutiva del mismo. La escena fue en la mesa de entradas del juzgado, en el sexto piso de los tribunales de San Martín. Estaban presentes el empresario Rombolá y su asesor Alberto Latorre y el abogado defensor de Hugo Torres y Fabián Pereira, dos de los imputados. No había abogados defensores del intendente. De la lectura se desprendió que no hay ningún sobreseído entre los involucrados (el juez sólo dio lugar a algunos sobreseimientos parciales). Se aplicaron fianzas de 70.000 pesos a los empresarios Córdoba y Leis, los dueños de la recolección de basura en Malvinas Argentinas. Lo que sigue ahora son las apelaciones (dentro de los 5 días de conocida la resolución) que harán las defensas de los acusados y la misma fiscalía, que volverá a la carga con el tema de la asociación ilícita, un hecho que el ministerio público considera suficientemente probado. La decisión final la tendrá la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Felipe Schiavello, Enrique Boitano y Héctor Cionco, que deberá expedirse en un plazo máximo de 15 días.
EL PEDIDO DEL FISCAL
La presentación del fiscal Hernán Ledesma, titular de la UFI 9 de Delitos Complejos, fue hecha en el mes de septiembre de 2004. La demora en contestarse el pedido tuvo que ver con la salida del titular del Juzgado de Garantías Nº 2, el juez Sorondo, quien adelantó su retiro por problemas de salud. La causa recayó en la jueza subrogante Solange Cambet, quien pidió sucesivas prórrogas cada vez que el plazo se vencía. Hasta que la titularidad del juzgado recayó en Oyanarte, que venía de desempeñarse como secretario del juez federal Rodríguez, de Morón.
En su presentación, el fiscal pedía la elevación a juicio oral de la causa, con un total de 16 imputados, a los que acusa de administración fraudulenta, estafa en perjuicio de la administración pública, negligencia en la función pública y asociación ilícita. Y además, solicitaba la detención de Cariglino, Harari, Córdoba y Leis, al considerarlos las cabezas de una supuesta asociación ilícita.
Las irregularidades vendrían dadas, en principio, por la repetición sistemática de empresas ganadoras de las licitaciones: Ecociudad (recolección de residuos), Phonictel (camiones y maquinarias), GBA Constructora y GBA Consultores. Pero no sólo los ganadores se repiten. Lo mismo habría sucedido con las empresas perdedoras, algunas de las cuales ni siquiera habrían sido notificadas de su participación en los procesos licitatorios. El fiscal intentará probar que en algunas licitaciones, los ganadores estaban predeterminados. Y que la organización arrojaba ganancias de unos dos millones de pesos anuales a sus integrantes. La presentación menciona, además, la supuesta utilización de materiales para uso propio, pago de sobreprecios, compra y adulteración de facturas y adulteración de contratos de mutuo, un tema que ya involucró en otra causa al director de obras públicas Salvador Oliva.
IMPUTADOS
Para el fiscal, la organización montada tendría como jefes a Cariglino y Harari. El contador Alfredo Córdoba sería el organizador, y participarían el empresario Osvaldo Leis (propietario de Ecociudad), Juan Paniza (empleado de Ecociudad), los directores Miguel A. Hernández (compras), Pedro García (hasta hace pocos días Director de Servicios), y el empleado municipal Néstor Russo. Sobre todos ellos pesa el pedido del fiscal para que se proceda a su detención. El resto de los imputados por el fiscal son Hugo Torres y Fabián Pereyra, hermano de crianza y cuñado de Harari, respectivamente; el director de obras públicas, Salvador Oliva; y los ex integrantes de la Cooperativa 2 de Abril Rubén Ponti (presidente), Andrea Zabala (síndico y tesorera); Carlos Vargas (secretario); Héctor Atencio (contador y auditor) y Carlos "Cholo" Maldonado (vicepresidente). "Cholo" Maldonado, secretario privado del intendente y actual delegado municipal de Grand Bourg.
REPERCUSIONES
La resolución del juez Oyanarte despertó reacciones dispares. Por el lado del cariglinismo, las reacciones estuvieron en sintonía con la línea argumental de siempre, la que habla de una supuesta persecución de los fiscales de San Martín respecto al jefe comunal de Malvinas Argentinas. El oficialismo minimizó la resolución de Oyanarte y cargó las tintas en el pedido del fiscal de Quilmes Armella de elevar a juicio oral la contracausa, que involucra a los denunciantes de Cariglino, a un par de funcionarios policiales y al mismo fiscal Ledesma, a los que se acusa de adulterar pruebas en la causa de los pavimentos. Jorge Lopresti, subsecretario de gobierno de Malvinas Argentinas dialogó con Tiempo. "Recibimos la resolución con mucha tranquilidad. Sabíamos que los plazos se agotaron y que el juez iba a tomar una resolución. Lo que llama la atención es que sea un día después de la elevación a juicio que hizo un fiscal serio como Armella, que está determinando que hubo irregularidades en la causa, se fraguaron pruebas. Y esto no solo involucra a los pseudo empresarios denunciantes, también a funcionarios policiales y a los fiscales. No sé que van a inventar ahora. Esperamos que la Justicia investigue en serio. También me llama la atención que se le dé más trascendencia a la causa de San Martín que a la de Quilmes. Pero eso demuestra en qué lugar está sentado cada medio".
DENUNCIANTES
Por el lado de los denunciantes del intendente, conviven una sensación de conformidad por la elevación a juicio oral junto a un sentimiento de desazón generado por la decisión de Oyanarte de no dar lugar al pedido de asociación ilícita, que hubiera significado la detención del intendente y del secretario Harari. Tiempo dialogó con al Contador Alberto Latorre, asesor del empresario Rombolá. "Estamos conformes con la elevación a juicio oral, aunque debió darse mucho antes. Pero no nos conforma la negación de la asociación ilícita. Si esto no es asociación ilícita, entonces tendrían que sacar esa figura del código. Igual es importante que el juez haya considerado como probados 29 de los 32 hechos que imputa el fiscal. Quiere decir que acá no hay un invento de la fiscalía, como se quiso hacer creer. ¿Ahora qué van a decir, que también los persigue el juzgado de garantías? Cariglino usó todo su poder político, su apoyo duhaldista y generó conflictos muy serios, con denuncias cruzadas y falaces. Hemos luchado contra terribles gigantes del poder y de la política. No nos olvidemos quien es este hombre, el dinero que ha manejado, ha pagado los medios, ha contratado al ex juez Salvi, todo de la mano de Duhalde".
DATOS PARA ENTENDER LA CAUSA
La causa que el juez Oyanarte acaba de elevar a juicio oral es una causa compleja. Por eso, vale la pena repasar datos claves para comprender la causa que involucra nada menos que al jefe comunal de Malvinas Argentinas, a su secretario de gobierno Miguel Harari y a otras 14 personas, muchos de ellos funcionarios de llegada directa al intendente. El fiscal los acusa por estafa en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
DETENCIONES
Quizás la instancia más significativa, la que todos recuerdan respecto a esta causa sea las detenciones del Cariglino y Harari, producidas en el marco del megaoperativo judicial del 21 de noviembre de 2003. Las detenciones fueron solicitadas al Juzgado de Garantías N º2 (por entonces a cargo del juez Juan Carlos Sorondo) por el fiscal Edgardo Ledesma, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas Nº 9 de San Martín, a través de un escrito en el que se encuentra, en cierto modo, resumida la investigación que el ministerio público inició a partir de una denuncia del empresario Rombolá en el año 1998. La investigación pone la lupa en un complejo entramado de empresas, funcionarios y amigos del poder, que para el fiscal supone la existencia de una organización económica creada para obtener el beneficio económico de sus integrantes. Una organización en la que, según el fiscal, Cariglino y Harari serían los jefes.
LA UGE
Para entender la causa hay que entender primero la operatoria de la UGE, la Unidad Generadora de Empleo, creada por el gobierno provincial en el año 1996 para atacar el desempleo. La operatoria apuntaba a generar obra pública que el gobierno provincial subvencionaba en un 40 %, asumiendo el costo de los materiales gruesos. El 60 % restante lo pagaban los frentistas, que accedían a un crédito del Banco Provincia. Los municipios se encargaban de hacer firmar las solicitudes de esos créditos, certificarlos y enviarlos a la UGE. El fiscal señaló que muchos contratos firmados por los frentistas fueron adulterados, e indicó como responsable al director de obras públicas Salvador Oliva.
LA COOPERATIVA
Los municipios podían realizar las obras por su cuenta o por terceros. En el caso de Malvinas Argentinas se creó la Cooperativa 2 de Abril, a la cual el banco adelantó el 60 % de la obra (unos 520.000 pesos). El fiscal intenta demostrar que desde su creación, la cooperativa "fue controlada por el intendente municipal Jesús Cariglino y el secretario de gobierno Miguel Harari, y utilizada para enviar los fondos que a ella ingresaran (sean aportados por el estado provincial o por los vecinos frentistas) en provecho de aquellos y de algunas de las autoridades de la propia cooperativa". Se basa en una serie de elementos. Por ejemplo, que sus autoridades siempre fueron personas ligadas al ejecutivo comunal, ya sea empleados como Roskop, Cholo Maldonado o Cobreros, o parientes, como el cuñado del intendente Invernizzi o el hermano de Harari, Hugo Torres. Y que el manejo de la cooperativa (pagos, contrataciones, etc.) se hacía desde el municipio. Para el fiscal, "La maniobra consumada, resultó del montaje de una organización en la cual el municipio creó una cooperativa de servicios, a la que le giraba los materiales y dineros llegados de la provincia o de los particulares, para que sus directivos, a través de diversas maniobras ilícitas, consiguieran el desvío de parte de los mismos, que eran destinados al beneficio personal de los participantes". El fiscal agrega que se adoptó el sistema de negar los derechos de cobro a las empresas contratadas, para ofrecer un monto muy inferior. Los comprobantes que faltaban se compraban. Para afirmar todo esto, se basa en datos obtenidos por allanamientos en la casa del ex presidente de la cooperativa Ponti, quien según se sostiene en el escrito, llevaba una verdadera contabilidad paralela, en la cual aparecen cifras asignadas a "Jesús" o a "Miguel H.".
PAGOS
Otra irregularidad surge de los pagos que hacía la cooperativa y la falta de comprobantes. Los cheques cobrados por personas de la cooperativa eran atribuidos como pagos a empresas, pero se constató que no había comprobantes que así lo avalen y que en realidad eran cobrados por integrantes de la cooperativa. ¿Dónde iba ese dinero? El fiscal sostiene que era utilizado en fines diversos. Y se basa en los talones de las chequeras de la cooperativa, secuestrados por la AFIP, donde figuran anotaciones tales como "para juguetes", o "municipalidad", o "día del niño".
FACTURAS
Según la investigación fiscal, queda determinada la existencia de facturación trucha. Así lo indicaría la declaración de la propietaria de una empresa, que dijo entregar al presidente de la cooperativa formularios en blanco para que este los utilizara según sus necesidades. Con estas facturas se justificaba la salida de dinero. Inclusive se detectaron groseros errores formales. Como que un talonario impreso en 1998 justifica erogaciones fechadas un año antes. O facturas confeccionadas con máquina de escribir y con notorios errores ortográficos.
CUADRAS GRATIS
Otra operatoria usual habría sido la de pedir a las empresas que realizaran cuadras gratis, las que luego eran cobradas a la UGE como si se hubieran pagado. Algunas de estas cuadras no abonadas serían las de acceso al hotel Encantos, a metros de la Ruta 202, en Villa de Mayo, que figura como propiedad de los hijos del abogado de Cariglino, Tulián, y que algunos testimonios indican como propiedad del mismo jefe comunal.
MATERIALES
Otra irregularidad detectada por el fiscal es el desvío de los materiales que entregaba la provincia para asfaltos hacia otros usos. El encargado de entregar el material era el actual delegado municipal de Grand Bourg, Cholo Maldonado. Respecto a materiales, se justificó la compra de los mismos con facturas de una empresa inexistente, Distribuidora del Oeste, cuya supuesta titular reconoció ser beneficiaria de un plan Trabajar, a la vez que negó ser titular de empresa alguna. Otras empresas aparecen como proveedora de tosca de la cooperativa, aunque las empresas contratistas debían asumir esas compras. Para el fiscal fueron compras ficticias. El propietario de una de las empresas que aparece como proveedora de tosca declaró que el presidente de la 2 de Abril le pidió facturas truchas, para "justificar salidas de dinero y lograr que la provincia le reintegra estos gastos". También dijo el empresario que jamás había entregado tosca a la cooperativa, ya que no se dedicaba a ello.
LOS PRINCIPALES RESPONSABLES
Para el fiscal hay dos responsables principales. El intendente Cariglino, responsable de administrar los fondos y, ante la UGE, de la ejecución de las obras. Para el fiscal, Cariglino fue el "ideólogo" de la conformación de la cooperativa, designando a sus integrantes entre amigos del poder, empleados municipales y parientes, suyos y de Harari. También considera el fiscal que el intendente fue "el principal beneficiario de los dineros administrados en forma fraudulenta", basándose, entre otros elementos, en aquellas sugestivas inscripciones aparecidas en la contabilidad paralela del ex presidente de la cooperativa, que consignaban a "Jesús" la entrega de sumas de dinero por 127 y 225 mil pesos. (Luego el intendente contestaría a la requisitoria periodística en forma irónica, afirmando que "yo no soy el único Jesús de Malvinas Argentinas")
Luego sigue Miguel Harari. El secretario de gobierno -"socio comercial del intendente", dice el fiscal -, estaba al tanto de la operatoria irregular y ubicaba parientes en la cooperativa (su hermano de crianza Hugo Torres y su cuñado Pereyra). Además, hay entregas de dinero de la cooperativa a "Miguel", que el fiscal sospecha eran para Harari.
MÁS RESPONSABLES
Sigue una lista de responsables de las maniobras. El director de obras públicas, Salvador Oliva, encargado de certificar los trabajos y los contratos de los frentistas. Cabe señalar que Oliva enfrentará en breve un juicio oral por adulteración de contratos.
Luego sigue la lista con integrantes de la cooperativa. Rubén Ponti, ex presidente; Hugo Torres, hermano de crianza de Harari, ex secretario; Horacio Pereyra, cuñado de Harari; Carlos Maldonado, alias Cholo, ex vicepresidente; Andrea Zabala, ex síndico y ex tesorera; Carlos Vargas, ex secretario y vecino de la casa donde vive el intendente, en J.C. Paz; Héctor Atencio, contador y auditor, acusado por el fiscal de "armar" la contabilidad de la cooperativa para que aparezca en regla. Norma Carrea, vinculada al cuñado del intendente Invernizzi, que cumplía según el fiscal tareas de contadora externa; Alfredo Córdoba y Osvaldo Leis, propietarios de empresas proveedoras del municipio (entre ellas la recolectora de basura Ecociudad), acusados por el fiscal de colaborar en la simulación de salidas de dinero.
EMPRESAS
La investigación desenmascara un complejo entramado de empresas, que para el fiscal no hace más que dejar en evidencia un grupo económico único, en el que las caras visibles son Córdoba y Leis, pero en el que también tienen fuertes intereses Cariglino y Harari. Un grupo formado por los empresarios antes nombrados, por Cariglino, Harari "y sus parientes o allegados que sirven de prestanombres". Empresas que operan casi con exclusividad con el municipio, imponiéndose sospechosamente en casi todas las licitaciones.
PHONICTEL SRL: Era una empresa de telefonía que al ser adquirida por Córdoba y Leis pasa a dedicarse a construcciones, maquinaria vial, etc., con el municipio de Malvinas Argentinas y la cooperativa 2 de Abril como casi exclusivos clientes. El domicilio de la empresa coincidiría con el de Carlos "Cholo" Maldonado. La empresa ganó las licitaciones para proveer servicio de camiones y maquinaria vial ofertando siempre escasos centavos que sus competidores. En una de esas licitaciones, la empresa compitió con otra que ofrecía camiones de su titularidad, modelos 1997 en promedio. Pero el municipio de la otorgó a Phonictel, que ofrecía camiones modelos 1975 en promedio, sin documentación de los titulares. Para el fiscal, los funcionarios municipales no actuaron imparcialmente, "puesto que forman parte del mismo grupo económico".
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS INTEGRALES S.A.: Integrada por Leis y José María Ben, compran en el '98 el predio de Ruta 8 y Lima, en Tortuguitas, que fuera antiguo playón de la firma Transportes Vidal, por 170 mil dólares. Los dueños de la empresa le dan un poder especial e irrevocable a Estela Invernizzi, esposa del intendente Cariglino, sobre el 34% de las acciones. El fiscal colige, que por ser bienes gananciales, Cariglino pasa a ser socio de Leis.
GBA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.: Sociedad de Córdoba, Pereyra y Roberto Lucero, director de luminarias de Malvinas Argentinas.
LOS PLATANS SRL: Constituida por Pereyra e Invernizzi, cuñados de Harari y Cariglino respectivamente, es vendida luego a Leis, Córdoba y una sociedad uruguaya.
EL MALVINENSE SRL: Pertenece a Cariglino y Harari, que le otorgan poderes generales a Pereyra y Torres.
ELNECO S.A.: Propiedad de Harari, María Liliana Suárez (empleada municipal), Alberto Cobreros (actual presidente del Concejo Deliberante), Diego Cariglino (sobrino del intendente). Compran una propiedad en Muñiz por 150 mil dólares y otorgan un poder a Córdoba.
MOVIMPRO S.A.: Constituida por Harari y Carolina Fernández. Aparece Pereyra como vicepresidente. El fiscal consigna la compra de vehículos de gran valor.
UNIÓN PARA EL DEPORTE S.A.: Tiene varios dueños, entre ellos Roque Cariglino, el hermano senador del intendente y Juan Prenat, hijastro de Leis.
ECOCIUDAD S.A.: Propiedad de Córdoba y Leis. Ganó todas las licitaciones de recolección de residuos en Malvinas Argentinas.
PUNTOS EN COMÚN
Para el fiscal todas estas empresas tienen puntos en común. Participan casi siempre Córdoba, Leis y allegados o parientes de Cariglino y Harari. Todas estas sociedades usan siempre la misma escribanía. Todas fueron creadas tras la llegada al poder de Cariglino. "Las relaciones mencionadas en el punto, sobrepasan cualquier intento de pensar en simples coincidencias o en negociaciones ajenas al municipio, puesto que las empresas efectivamente negocian y casi en exclusividad con el Municipio de Malvinas Argentinas", Contundente el fiscal Ledesma.
DETENCIONES Y ALLANAMIENTOS
En el megaoperativo el fiscal pidió las detenciones de Cariglino, Harari, Córdoba, Pereyra, Leis, Pereyra y Torres. Los acusó de conformar asociación ilícita, desde el '96 hasta la actualidad, tendiente a realizar delitos en perjuicio de la administración pública del municipio de Malvinas Argentinas, "a través de la creación de empresas y cooperativas que eran dirigidas o conformadas por el intendente y secretario de gobierno del municipio, y luego contratadas por el propio municipio, con el consiguiente beneficio económico para los integrantes de dicha asociación". También le solicitó al juez Sorondo el total de 31 allanamientos, que incluyeron las viviendas de los imputados, el palacio municipal, el Concejo Deliberante, el ex batallón 601, viviendas de Oliva, Invernizzi, Roque Cariglino, Roskop, Cobreros, "Cholo" Maldonado, el estudio jurídico del abogado Tulián y el hotel "Encantos", entre otros.
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