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Causa Cariglino
EL FISCAL PIDIÓ LA DETENCIÓN DEL INTENDENTE
| El fiscal de San Martín Edgardo Ledesma solicitó la elevación a juicio oral de la causa en la que acusa al intendente Jesús Cariglino, su secretario de gobierno Miguel Harari y 14 personas más, por los delitos de administración fraudulenta, estafa en perjuicio de la administración pública, negligencia en la función pública y asociación ilícita. Además, el fiscal solicitó la inmediata detención de ocho de los imputados, entre ellos el jefe comunal y el secretario Harari, a los que considera las cabezas de una organización creada para obtener beneficios económicos, favoreciéndose de sus cargos públicos. El fiscal denunció 30 procesos licitatorios truchos. La jueza de garantías Solange Cambet decidirá en los próximos días si da curso o no al pedido. El intendente Cariglino contestó con una guerra de solicitadas en medios nacionales, en los que ataca la actuación de la Justicia de San Martín y se presenta como "perseguido político". En diálogo con Tiempo el jefe comunal declaró estar tranquilo y calificó al fiscal Ledesma de "payaso". |
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Cariglino pasó por Tortuguitas
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Fuentes allegadas a la causa informaron que la presentación del fiscal Ledesma, que consta de unas 200 fojas, fue elevada a la jueza Cambet el pasado jueves 23 de setiembre. En ella, Ledesma hace un pormenorizado análisis de la documentación colectada en los distintos allanamientos vinculados con la causa, en especial los realizados dentro del megaoperativo realizado en noviembre del año pasado, que derivó en la detención del intendente y del secretario Harari durante 13 días, excarcelados luego tras el pago de una fianza. Vale recordar que la causa comenzó en el año 1998 con la denuncia del empresario Rombolá, quien reclamaba el pago de trabajos pavimentación realizados dentro del marco operatorio de la UGE, un plan provincial que apuntaba a crear empleos a través de obras públicas. Por algún tiempo, la causa estuvo en manos de la fiscal Fabiana Ruiz, para luego recaer en la UFI 9 de Investigaciones Complejas, a cargo de Ledesma. La investigación del fiscal pone la lupa en una treintena de procesos licitatorios realizados en la municipalidad de Malvinas Argentinas, que desnudarían un conglomerado de empresas, funcionarios y allegados al poder.
PRESENTACIÓN
En su presentación, el fiscal pide la elevación a juicio oral de la causa, con un total de 16 imputados, a los que acusa de administración fraudulenta, estafa en perjuicio de la administración pública, negligencia en la función pública y asociación ilícita. Y además, solicita la detención de Cariglino, Harari y seis imputados más.
Las irregularidades vendrían dadas, en principio, por la repetición sistemática de empresas ganadoras de las licitaciones: Ecociudad (recolección de residuos), Phonictel (camiones y maquinarias), GBA Constructora y GBA Consultores. Pero no sólo los ganadores se repiten. Lo mismo habría sucedido con las empresas perdedoras, algunas de las cuales ni siquiera habrían sido notificadas de su participación en los procesos licitatorios. El fiscal intenta demostrar también que en algunas licitaciones, los ganadores estaban predeterminados. Y que la organización arrojaba ganancias de unos dos millones de pesos anuales a sus integrantes. La presentación menciona, además, la supuesta utilización de materiales para uso propio, pago de sobreprecios, compra y adulteración de facturas y adulteración de contratos de mutuo, un tema que ya involucró en otra causa al director de obras públicas Salvador Oliva.
IMPUTADOS
Para el fiscal, la organización montada tendría como jefes a Cariglino y Harari. El contador Alfredo Córdoba sería el organizador, y participarían el empresario Osvaldo Leis (propietario de Ecociudad), Juan Paniza (empleado de Ecociudad), los directores Miguel A. Hernández (compras), Pedro García (servicios), y el empleado municipal Néstor Russo. Sobre todos ellos pesa el pedido del fiscal para que se proceda a su detención.
El resto de los imputados por el fiscal son Hugo Torres y Fabián Pereyra, hermano de crianza y cuñado de Harari, respectivamente; el director de obras públicas, Salvador Oliva; y los ex integrantes de la Cooperativa 2 de Abril Rubén Ponti (presidente), Andrea Zabala (síndico y tesorera); Carlos Vargas (secretario); Héctor Atencio (contador y auditor) y Carlos "Cholo" Maldonado (vicepresidente). "Cholo" Maldonado - secretario privado del intendente y delegado de Grand Bourg - sería el propietario de un local comercial recientemente inaugurado en Tortuguitas, a escasos metros de la estación.
PLAZOS
A la jueza de garantías Solange Cambet, quien reemplaza al juez Sorondo (h), recientemente jubilado, tiene ahora una ardua tarea. Tendrá ahora que estudiar la minuciosa presentación del fiscal y resolver en un plazo de 10 días para resolver. Si acepta el criterio del fiscal en todos sus términos, tendrá que ordenar la inmediata detención del intendente Cariglino, del secretario de gobierno Harari y de los otros seis imputados.
Intendente Jesús Cariglino
"SOY UN PERSEGUIDO POLÍTICO"
En su visita a Tortuguitas, para inaugurar la remodelación de la sala de primeros auxilios de Los Ángeles, Tiempo conversó unos minutos con el intendente sobre la presentación del fiscal Ledesma.
¿Cómo tomó la presentación del fiscal Ledesma y su pedido de detención?
-Como un payaso. Ha sido una situación mediática que no tiene que ver con esa Justicia real, que trabaja y está en los lugares que tiene que estar. La fiscalía de San Martín está contaminada de 30 años de vicios, de desigualdades, 30 años de vivir ellos en la capital y juzgarnos a nosotros como la gente del campo, que no tenemos los mismos derechos. Así vive el fiscal general y cada uno de los fiscales que lo acompañan. Los 44 se dedican a investigar y perseguir a un intendente, pero no a prevenir la muerte, los secuestros. Si hubieran trabajado con las denuncias que hemos aportado Axel Blumberg estaría hoy en su casa estudiando, con una familia feliz, con un pueblo más tranquilo. También José Luis, la Familia Sánchez de aquí del Primaveral, la Familia Garnica.
¿Cómo va a afrontar esta instancia?
-Como lo hago siempre, trabajando, hablando, tratando de defender los derechos de los demás. En lo mío, en lo personal, no hago ningún tipo de defensa. La gente sabe quien soy, como trabajo, como vivo, donde vivo, así que no tengo que hacer ningún tipo de defensa. Son ellos los que van a tener que defenderse.
¿Usted se siente un perseguido político?
-Yo me siento un perseguido político. ¿Por qué?, Y... Quizás le estemos quitando algún negocio o algún espacio de poder que ellos manejaban.
GUERRA DE SOLICITADAS
Tras conocerse el pedido de detención del intendente Cariglino y del secretario Harari, la reacción del oficialismo no se hizo esperar. La estrategia siguió la línea jugada desde hace un tiempo que supone un fuerte cuestionamiento a los fiscales de San Martín, especialmente Ledesma y Chichizola, este último jefe de los fiscales de dicho departamento judicial. A horas de publicar los principales medios la noticia, la dirección de prensa del municipio distribuyó una gacetilla titulada "Continúan los apremios contra el Intendente Cariglino". Refiriéndose a la difusión de la presentación del fiscal, dice que "Este tipo de actos intenta callar las constantes denuncias de autoridades malvinenses como todo el pueblo en general pidiendo fiscalías ante los innumerables casos que no se resuelven". El jueves 30 de setiembre pareció una solicitada de media página en Clarín, con el título "Una fiscalía distante genera zonas liberadas". Allí se muestra un mapa del distrito con nombres superpuestos de delincuentes que habrían operado en la zona, como el recientemente fallecido Hígado Muñoz o Pachu Peñaflor, entre otros. En un texto contiguo se hace alusión a una supuesta "inacción directa de la Fiscalía". Y termina proclamando "Basta de impunidad y persecución política, Sr. Fiscal General de San Martín", con la rúbrica del intendente Cariglino. Un día después, una nueva solicitada. Esta vez una página, en Diario Popular, con un título que hecha mano a un tema que sensibiliza a los argentinos: "Si el fiscal general de San Martín hubiera trabajado como corresponde AXEL ESTARÍA VIVO". Allí se explica sobre supuestas denuncias realizadas a personas conectadas con el Oso Peralta. Luego, para hablar de la "inseguridad jurídica", cita más temas que sensibilizan: la sentencia Strajman, la del juicio por la Amia, el caso del jardincito Rayito de Sol, los casos Nine, Ramaro y Garnil. Y hasta habla de la terrible tragedia en Carmen de Patagones, un evidente e innecesario golpe bajo a los lectores. Para finalizar con tono altisonante: "No me importa la intimidación ni las operaciones en los medios. Nadie va a callarme, porque lo que está en juego es la vida de nuestros hijos. Téngalo por seguro". Otra vez, con la firma del intendente.
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