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Malvinas Argentinas ( 4/4/2017 )
NUEVA DENUNCIA DESNUDA LAS RELACIONES ENTRE PODER Y NEGOCIOS DEL CARIGLINISMO
La hizo la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante. Se refiere a un emprendimiento urbanístico e involucra a Roque Cariglino y su hijo Maxi, actual espada del exintendente en Cambiemos.

Comisión Investigadora del Concejo Deliberante, ayer, en conferencia de prensa

La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas -creada el año pasado para estudiar presuntos hechos de corrupción en el ejecutivo comunal, con la participación de concejales de todas las bancadas- anunció ayer en conferencia de prensa su presentación ante la Fiscalía General de los tribunales de San Martín, para que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y estafa al erario público durante la gestión del exintendente Jesús Cariglino.

La presentación gira en torno a dos expedientes del proyecto urbanístico denominado Chacras Castellanos, en Los Polvorines, que involucra, entre otros, al hermano del exintendente y senador provincial Roque Cariglino, y al hijo de este, Maximiliano Cariglino, actual jefe de la Anses local. Ambos figuran como compradores de la porción de tierra en la que luego se construiría un complejo de viviendas.

En uno de los expedientes, el ejecutivo concede una quita al monto de tasas adeudado. Lo hace, a criterio de la Comisión Investigadora, de manera discrecional, sin elevar el expediente a la aprobación del Concejo Deliberante.

En el otro expediente, el ejecutivo responde de manera favorable al pedido de formular una nueva valuación a la porción de tierras. La re-evaluación resulta por debajo a la que pesaba sobre la fracción, lo que conlleva a una baja de las tasas.

Las maniobras reportaron a los Cariglino importantes ganancias. Desde la Comisión Investigadora pretenden que la Justicia lo tenga en cuenta para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos en el entramado. Sus integrantes desmintieron que la investigación tenga "intencionalidad". "Solo queremos que se establezca el perjuicio que sufrieron las arcas del municipio", concluyeron.

PARA ENTENDER EL CASO DE LAS CHACRAS CASTELLANO

El caso denunciado en 2016 por el ejecutivo y ayer por la Comisión Investigadora del Concejo desnuda las turbias relaciones entre poder y negocios durante el cariglinismo.

El hecho involucra a Jesús Cariglino, su hermano senador Roque, y al hijo de éste, Maximiliano, hoy por hoy delfin del exintendente en sus aspiraciones por recuperar terreno en  Malvinas.

Los tres están sospechados de defraudación agravada, asociación ilícita, malversación de los caudales públicos, negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito. De comprobarse la acusación, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.

La denuncia se basa en presuntas irregularidades en la compra de una porción de tierras delimitada por las calles José León Suárez, César Bacle y John F. Kennedy, en Los Polvorines, que pertenecieron a los Castellano, viejos pobladores de la zona.

Los Cariglino entran en sociedad con los sucesores para hacer un emprendimiento inmobiliario que denominaron Chacra Castellano. Se sospecha que usaron sus vínculos con la municipalidad para lograr una reducción sustancial de la deuda de tasas municipales que pesaba sobre el terreno, luego de adquirirlo a un valor muy inferior al que estaba escriturado.

Según se desprende de la denuncia, Maximiliano Cariglino compró su parte del terreno en 2009 a 39 mil dólares, que equivalían por entonces a unos 150 mil pesos. Al año siguiente, su padre, Roque Cariglino pagó cinco veces menos (30 mil pesos) por la misma participación que su hijo. No solo eso: en 2013, los nombrados asignaron al inmueble un valor de 15 millones de pesos, una cifra muy superior a lo que habían pagado.

La denuncia también señala como sospechosa la notable diferencia entre lo que pagaron Roque Cariglino y Maximiliano Cariglino, cuando su participación en la compra fue la misma.

La otra irregularidad apuntada tiene que ver con la deuda por tasas municipales que tenían los terrenos. La misma fue reducida sustancialmente desde que los Cariglino pasaron a tener un porcentaje de la propiedad. En 2005, la deuda ascendía a unos 274 mil pesos, y se la redujo a 153 mil. En 2007, la deuda era de 63 mil, y se la redujo a 45 mil. En 2009 se adeudaban 188 mil y se les cobró 136 mil. Se estima que estas quitas no hubieran sido posibles sin la relación directa que unía a padre e hijo con el ejecutivo comunal.

Los Cariglino no son los únicos denunciados. Daniel Edgardo Dumont es otro. Dumont se presentó como apoderado de Roque y Maximiliano Cariglino ante el exintendente Jesús Cariglino, para solicitar una notable reducción en la valuación de la tierra, lo que conlleva a una quita en las tasas. En la presentación, adujo que la tasación municipal (7.876.480 pesos) era demasiada elevada. Sin embargo, en el contrato celebrado en 2013, el mismo Dumont consideró que el lote valía casi el doble: 15 millones de pesos.

Hay otra exfuncionaria alcanzada por la denuncia. Se trata de la exdirectora de Apremios de la anterior gestión municipal, la abogada Liliana Cristina Gastaldi. Gastaldi firmó tres convenios por juicios de apremios sobre estos terrenos y decidió no cobrar los honorarios correspondientes a los apoderados y letrados municipales, lo que configura la violación del Decreto-Ley 8.838/77 y resulta en perjuicio del Estado.

Oportunamente, la Municipalidad de Malvinas Argentinas aportó a la Fiscalía medidas probatorias sobre el caso y solicitó se tome testimonio a quienes vendieron o cedieron el terreno y a quienes lo compraron. También se dejó asentada la disposición a colaborar "con la Justicia en todo lo que esta disponga para la resolución y el esclarecimiento de esta denuncia".

BAUTISMO DE FUEGO

La conferencia de prensa de ayer -una suerte de bautismo de fuego para la Comisión Investigadora- dejó algunas cuestiones. La denuncia, en rigor, no aportó nada nuevo. El caso ya había sido ventilado en junio del año pasado, cuando el ejecutivo municipal -ya a cargo de Nardini- había denunciado penalmente al intendente Cariglino, a partir de los mismos expedientes.

El anuncio de ayer -a cargo de las concejalas Eliana Balmaceda y Carina Pavón, en su carácter de presidenta y secretaria de la comisión, respectivamente- estuvo cargado de imprecisiones. Por una parte, el lenguaje extremadamente técnico de la exposición hizo difícil comprender en una primera instancia de qué venía el planteo. Recién la intervención del concejal Nestor Marcote logró despejar los nubarrones.

Por el otro, la permanente apelación a la frase "eso lo va a determinar la Justicia" ante cada intento de los periodistas de ampliar el tema más allá de la presentación sonó, o bien a un conocimiento superficial del tema o bien a querer evadir las respuestas. Cualquiera de las dos opciones no dejaron bien parada a la Comisión, en su primera aparición pública.

Luis Melillo











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