«OTRA VÍCTIMA DEL ABANDONO EN EL SISTEMA PENAL JUVENIL”

La Comisión Provincial por la Memoria se expresó respecto a la muerte de un adolescente en el Centro de Recepción de Nogués.

Un adolescente de 17 años murió el viernes pasado en el Centro de Recepción Pablo Nogués de Malvinas Argentinas, que depende de la provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se expresó duramente sobre el episodio.

Esta muerte, que ocurre poco días después de una protesta en el instituto por contagios masivos de coronavirus, evidencia la falta de políticas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) de la provincia de Buenos Aires, que desoye denuncias e incumple sentencias judiciales por las graves condiciones de detención y la falta de adecuación de este espacio a los preceptos de la ley de responsabilidad penal juvenil”, se expresa en el documento.

La semana pasada, una protesta de los jóvenes alojados en el centro de recepción Pablo Nogués de Malvinas Argentinas había visibilizado la crítica situación que se vivía en el instituto: contagio masivo de jóvenes por COVID-19, poco personal también por contagios, incluyendo el fallecimiento de un trabajador, regímenes de aislamiento extremo, nula actividad socio-educativa, graves condiciones de detención, falta de elementos de higiene, reclamos por mayor comunicación con las familias”, añadió en el escrito.

En esa situación marcada por el abandono y la desidia, ocurrió la muerte de Lucas de 17 años, el viernes pasado. Ese mismo día otro joven detenido en el lugar, también intentó suicidarse y sobrevivió. La muerte de Lucas -bajo custodia del Estado- es responsabilidad del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). Es una muerte anunciada y evitable. Las condiciones de encierro, denunciadas y desoídas, fueron condiciones de posibilidad para que estos hechos ocurran y sigan ocurriendo en este u otros centros, en caso de no adoptarse medidas integrales urgentes que garanticen los derechos de niños, niñas y jóvenes”, dice más adelante.

La entidad informó que “En una presentación ante la UFI N 22 de Malvinas Argentinas, del departamento judicial de San Martín, la CPM también requirió que se investiguen las posibles responsabilidades institucionales por la muerte del joven de 17 años” y que “En ese escrito, la CPM recordó que la semana pasada el Juzgado de Garantías N 2 de San Martín aceptó un habeas corpus colectivo por el agravamiento de las condiciones de detención, tras detectarse contagios masivos de coronavirus en el centro cerrado de Malvinas Argentinas. La acción había sido presentada por los defensores oficiales del fuero penal juvenil del departamento judicial, y acompañada por la CPM, tras una protesta realizada por los jóvenes y que duró varias horas”.

Pese a la gravedad y dureza del reclamo, no se pusieron en marcha dispositivos adecuados tendientes al tratamiento de los jóvenes, a fin de brindarles la contención indispensable en un momento de enorme angustia y temor de contagio de COVID, y frente a la muerte cercana de un trabajador. Tampoco se garantizó la comunicación cotidiana, necesaria para la salud psíquica de los jóvenes, ante el contexto de incertidumbre que además les genera la salud de su grupo familiar o afectivo en este momento de expansión de la pandemia” describieron.

En el tramo final se narra que “Sólo a los jóvenes con caso confirmado de COVID se les autorizaba la comunicación diaria con sus familias; pero, cuando se reportaban curados, se volvía al régimen anterior de dos llamadas semanales y apenas por unos minutos. Por otro lado, si bien se habilitó el uso de celulares, que como medida general es positiva, no se contemplaron los conflictos que podrían provocarse entre quienes tienen o no acceso a un aparato. De hecho la falta de comunicación y carencia de celular de parte de un joven, originó la pelea entre quien se suicidó y quien casi lo hace. Lejos de abordarse y contenerse dicha situación, se aisló a los jóvenes sin ningún acompañamiento o resolución del problema. Las consecuencias son las mencionadas. Si bien es cierto que no puede adjudicarse solo a una razón un hecho tan complejo, también es cierto que el centro de recepción no brinda la atención psicológica y psiquiátrica que debiera y que permitiría abordar estas situaciones antes de que ocurran. Estos jóvenes están bajo cuidado del Estado. Este hecho se inscribe,como se señaló, en una larga lista de señalamiento por el agravamiento de las condiciones de detención. Desde que se detectó el primer caso de coronavirus,un trabajador de minoridad falleció, otros 14 dieron positivo y otros tantos fueron aislados por protocolo. También se sabe que al menos 10 jóvenes fueron casos confirmados de Covid-19. Frente a este foco de contagio, se consideró caso sospechoso por contacto estrecho al resto de las personas allí alojadas”.

Por último, concluye que “En este contexto, marcado por la desidia y el abandono estatal, la muerte de Lucas debe marcar un punto de inflexión. De no mediar reformas urgentes y profundas, otros hechos similares volverán a suceder”.