POLÉMICA EN TORNO A UN TERRENO
Vecinos del barrio Parque Alvear II reaccionaron ante lo que consideran su usurpación. Los ocupantes aseguran que lo compraron.
Vecinos del barrio Parque Alvear II reaccionaron enérgicamente ayer ante lo que consideran la usurpación de un terreno. Fue a partir de la ocupación del predio, en la mañana del sábado, de parte de personas que aseguran haberlo comprado. Hubo denuncias cruzadas, agresiones verbales e intervención de la Policía. La secuencia incluyó el corte de la Ruta 8, en horas de la tarde, a manera de protesta.
El terreno se encuentra en la recientemente pavimentada calle Washington, al 1200, a pocas cuadras de la Ruta 8, en el residencial barrio Parque Alvear II.
El sábado bien temprano, un grupo de personas llegó al lugar para instalarse. De inmediato se generó la controversia entre los vecinos del barrio, que aseguran que se trata de una usurpación, y los ocupantes, que sostienen que el lote fue comprado.
La tensión fue creciendo con las horas y tuvo su pico de tensión a la tarde, con cruces verbales y amagues de agresión y el corte de la Ruta 8, a manera de protesta.
Al lugar se trasladaron el jefe distrital de Policía, Miguel Ángel Domínguez, el comisario de Tortuguitas, Juan Sánchez y el subsecretario de Seguridad municipal, Jorge Cancio.
Ante la Policía, los presuntos nuevos dueños exhibieron una cesión de derechos, un instrumento que si bien es legal muchas veces se usa para situaciones fraudulentas. Por su parte, una persona que alegó ser dueña de la fracción no pudo presentar la documentación para avalarlo. Según se afirmaba en el lugar, os papeles estarían llegando en las próximas horas.
Los vecinos apuntaron a una mujer policía que vive en el barrio y que se desempeña en Protección Ciudadana. “Ya vendió varios lotes de la misma manera y tiene varias denuncias”, comentó una vecina a Tiempo de Tortuguitas. Desde el área de Seguridad del municipio determinaron la suspensión de la Policía hasta tanto se establezca su responsabilidad.
Por el momento, la situación quedó en manos de la fiscalía interviniente, que tendrá que determinar quién dice la verdad.
